En esta presentación nos ocuparemos del análisis del proceso de emergencia y progresiva estatalidad de la categoría novedosa de Conflictos Públicos Complejos en el campo de la mediación penal, siguiendo una experiencia situada en la provincia de Salta. Procuraremos describir entonces el proceso en el que dicha noción termina transformándose en categoría legítima de la administración pública, operativa en este subsistema y a la vez volviéndose significativa para clasificar una amplia variedad de conflictos. Es así que esta iniciativa de la política pública, al menos inicialmente, articula a actores estatales pero también no estatales, no habiendo una única institución que pueda encapsularla completamente. Sin embargo, tal concepto, que proviene entonces de ese movimiento de mediación amplio termina por ser absorvida de manera sistemática por un Centro de Mediación específico, introduciéndose administrativamente bajo la forma de memorándums, trámites de personal y modos de hacer del Centro de Mediación penal y en su vinculación con el Ministerio Público. Nos gustaría entonces analizar las condiciones de posibilidad de este hecho, el lugar que ocupa la persistencia de cierta conflictividad social en Salta (como las demandas de tierras de comunidades indígenas), los rasgos institucionales donde se inserta la mediación -caracterizado por una fuerte jerarquía pero también posibilidades de autonomía-, y distintos compromisos y motivaciones de los propios mediadores en ese espacio, en una suerte de activismo institucional que actualiza un rasgo sobresaliente del campo de la Mediación: la innovación y expansión permanente.